Chile en punto de quiebre

Fernando Barros

De la misma forma en que en la vida de todo ser humano hay acciones, silencios o resoluciones que resultan claves y que, junto con generar un resultado para el presente marcan el futuro, ello ocurre en las decisiones que los países deben adoptar.

El Chile modelo de Latinoamérica, con una transición ejemplar, que encabezaba en desarrollo humano, social y económico, que había rebajado la pobreza del 40% al 8%, que superó la desnutrición, la mortalidad infantil y el analfabetismo, y que se enorgullecía de que la educación superior y el título profesional habían dejado de ser privilegio de unos pocos, ese que en menos de cinco décadas logró construir una institucionalidad que nos encaminaba al desarrollo, de pronto se desplomó.

El llamado estallido social encontró a una dirigencia que no supo o no pudo responder, y lo que comenzó, y continuó por mucho tiempo, como una explosión violenta, se expandió con la fuerza de todas las frustraciones. Y llevó al país a una encrucijada en la que para obtener la paz se sacrificó lo que apareció, ya no como la carta fundamental a cuyo amparo se había transformado Chile, sino que la causa de todos los males.

Así, con la misma prisa con que ardieron la infraestructura, las iglesias y el comercio, y cuando la desesperación espantaba cada día más, a la multitud se le entregó, cual placebo, la Constitución de 1980, la que fue sentenciada en un multitudinario desahogo de una sociedad que quería algo nuevo, sin importar qué era esa quimera que reemplazaría el orden de las cosas.

La gran crisis encontró una solución institucional y debemos definir qué nueva Constitución nos daremos y si mantendremos los pilares básicos del orden republicano, del respeto a la persona humana en su esencia y dignidad, un orden público económico moderno con claros límites en el rol en que el Estado puede y debe actuar y sustituir a los privados, consagrando y protegiendo la libertad personal para expresarse, emprender y desarrollarse, junto con las garantías que los resguarden; o si renunciaremos a ello a cambio de la promesa de tener muchos más derechos y que estos nunca más deberán guardar correlación con los deberes o nuestro esfuerzo.

Ahora debemos elegir a los 155 convencionales en un proceso en que se han reservado 17 escaños, no en función del resultado de una elección igualitaria entre chilenos, sino que por su pertenencia a una etnia o pueblo originario y también con un conjunto de normas especiales que permiten prescindir de la voluntad popular para imponer por ley un espacio para un pretendido equilibrio entre hombres y mujeres.

Los más de 1.300 candidatos han pregonado las ofertas más variadas, desde los que prometen una Constitución que garantizará que se cumplan todos los sueños, que se consagrarán todos los derechos o que se construirá un mundo feliz, coincidiendo unos y otros en el silencio respecto de cómo se logrará cumplir esas promesas.

En este proceso, Chile enfrenta la situación de un gran salto en el que ha tropezado con la red y tambalea peligrosamente entre caer de espaldas y perder la jugada (y el partido), o dar el impulso requerido para sortear el punto de quiebre y elegir un conjunto de convencionales que busquen el consenso por una Constitución que nos una y que recoja todo lo bueno que hemos construido, incluyendo la experiencia de más de dos siglos de riqueza constitucional, rechazando a aquellos candidatos que nos ven con el alma resentida y con la mirada de una hoja en blanco, que hará fracasar el proceso constituyente.